Garcia-Prats

A la vanguardia

Los médicos como defensores de los pacientes: una tarea más difícil que lo que uno imagina

por Joseph A. Garcia Prats, M.D.
Profesor de Pediatría y Neonatología
Profesor del Ética

A fin de restablecer la salud de los pacientes, los médicos recomiendan tratamientos a sus pacientes según la información médica más confiable con que se cuenta. En medicina de adultos, la relación entre el paciente y el médico se basa en el principio del respeto por la autonomía del paciente y el papel del médico como fiduciario. En tal escenario clínico, el principio de la autonomía del paciente obliga al médico a identificar y reconocer los valores y las creencias del paciente, y a ofrecer las alternativas de tratamiento más razonables, desde el punto de vista médico, de acuerdo con esos valores y creencias. Los pacientes adultos competentes se rigen a sí mismos y pueden tomar decisiones respecto del tratamiento en forma autónoma. El médico debe respetar tales decisiones, independientemente de si cree que son correctas o incorrectas. De ese modo, como fiduciario, el médico usa su competencia en medicina para proteger y propiciar la salud del paciente, no sus propios intereses.

En los pacientes neonatales o pediátricos, no existe una verdadera relación entre paciente y médico. La relación se establece, más bien, entre el médico y el apoderado del paciente que, por lo general, es uno de los padres. El principio de la autonomía del paciente se altera, pues el apoderado debe tomar las decisiones más convenientes para el paciente. Se deben considerar varios factores. A diferencia de los pacientes adultos competentes, que se rigen a sí mismos, los padres no rigen a sus hijos menores de edad. La obligación de los padres se refiere a responsabilidad, no a derechos, salvo cuando se desempeñan como fiduciarios de un hijo.

Sin embargo, es posible que a veces los padres no actúen de la manera más conveniente para sus hijos menores de edad. En tales ocasiones, el neonatólogo o el pediatra debe asumir el papel de defensor del paciente y abogar por el tipo de tratamiento más adecuado o, en su defecto, negarse a dar un tratamiento que no considera adecuado. El proceso requiere de una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para obtener el consenso de la comunidad médica; educar a los padres; enfrentar la oposición y las críticas; encarar la evaluación de la comisión de ética del hospital y obtener su apoyo; seguir el procedimiento jurídico para obtener el respaldo de los tribunales; si es necesario, aplicar un tratamiento compasivo y adecuado, desde el punto de vista médico; y, finalmente, implementar el curso de acción.

Por lo tanto, cuando se cuestionan las decisiones de los apoderados de los pacientes, la responsabilidad recae en el médico, quien debe demostrar que tales decisiones no son las más adecuadas para el menor.